Administración integral del condominio. Marco legal, aspecto contable-financiero y régimen fiscal

Administración integral del condominio. Marco legal, aspecto contable-financiero y régimen fiscal trata acerca de las definiciones de la copropiedad, su fundamento legal, la naturaleza jurídica y las características y tipos de condominio. Asimismo, muestra el marco legal del régimen de la propiedad en condominio, tanto en la CDMX como en diversos estados de la República Mexicana. Se expone el aspecto contable-financiero para el tratamiento contable de las cuentas de balance y de resultados, registros de contabilidad e informe presupuestal. En el aspecto fiscal se tratan temas como el régimen fiscal al que pertenece el condominio por ejemplo, el IVA, ISR, IMSS, INFONAVIT, SAR y pagos de Derechos Federales, Estatales y Municipales. Por otro lado, se explican las resoluciones del Tribunal Judicial de la Federación que considera como patrón a los propietarios y, de manera conjunta y solidaria, al administrador del inmueble en RPC las cuotas de mantenimiento las excepciones personales inoponibles las cuotas de administración y mantenimiento derivadas del régimen en condominio, así como las de administración y mantenimiento y las observaciones y sugerencias de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Por último, se ofrecen propuestas en el aspecto legal para adecuar y homologar las leyes reglamentarias del régimen de propiedad en condominio de las entidades estatales y de la Ciudad de México asimismo, para tener la simetría fiscal, se requiere el reconocimiento en la LIVA, con una fracción, adicional en el artículo 15 de esta Ley, para señalar la exención de las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias, así como las aportaciones para el fondo de reserva, que se proporcionen los condóminos o asociados estimular la inversión para el desarrollo habitacional de viviendas de interés medio y social, otorgando un estímulo de una deducción ciega de 10% en el ISR, sobre los ingresos que tengan por este concepto las empresas desarrolladoras y constructoras de vivienda, por los costos y gastos que realizan y que, en algunos casos, no cuentan con la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.